El tema de más radiante actualidad estos meses y seguramente lo que queda de año, es y será la economía. Más allá de la grave crisis en la que estamos sumergidos, la financiación autonómica ha avivado un nuevo debate que enfrenta a las Comunidades Autónomas.

Desde que hace unas semanas Solbes anunciase el plan del Gobierno para la financiación de las comunidades, cada una se ha posicionado a un bando con un único punto en común: A ninguna le parece bien el modelo propuesto por el Gobierno.

Mientras las denominadas “Comunidades pobres” defienden que se mantengan criterios como la dispersión de población o el envejecimiento, las demás comunidades tiran hacia otro modelo bastante más favorable hacia ellas. Evidentemente, cada uno tira para su casa y quiere que este modelo beneficie a su comunidad.

Sin embargo, esto es una tarea imposible y parece que el consenso para aprobar un plan de financiación en el que todos estén de acuerdo será algo que supondrá un arduo trabajo y un objetivo no muy alcanzable a simple vista, sobre todo si tenemos en cuenta las últimas “guerras” generadas.

Cataluña y Extremadura, parecen haberse declarado la “guerra” una a otra desde que un concejal de un pueblo de Tarragona publicase en su blog personal una clara ofensa al pueblo extremeño realizando un cartel en el que pedía apadrinar a niños de esta comunidad. Una noticia que ha estado en el candelero y no es para menos viniendo de pare de un cargo político que debería de medir más sus actos.

A partir de este hecho, la junta de Extremadura como era evidente no se tomo nada bien este tipo de declaraciones y tachó de “burrada de analfabeto” el hecho.
A partir de aquí cruce de declaraciones con insultos como “hijo de puta” hacia el concejal por parte de un político de la junta o el denominar “mal nacidos” a los extremeños han marcado este asunto que no parece que acabará muy bien.

Un tema que traerá tela pero que surge justamente el año en el que el Gobierno busca la igualdad creando un ministerio incluso para ello pero, sin embargo, no garantiza que las comunidades Autónomas no tengan las mismas opciones de desarrollo basándose en un criterio tan flexible como es el de la población.