“¿Qué es eso del Tratado de Lisboa?”, me ha preguntado uno de estos días un compañero de trabajo. Me he tenido que informar, yo tampoco lo sabía.

Ahora sé que el Tratado de Lisboa es un sustitutivo de la Constitución, que no pudo ser, algo que la Unión Europea (UE) necesita para consolidarse como potencia mundial.

Pero los democráticos Estados miembros de la UE últimamente evitan en lo posible hacer consultas populares. Tenen prisa y no quieren ser contrariados por sus propios ciudadanos. Irlanda ha sido la excepción. Por imperativo legal, allí se ha tenido que hacer un referéndum. Y los irlandeses han dicho “no” en las urnas al Tratado de Lisboa.

Si observamos con mirada crítica algunos acontecimientos, vemos que la idea de Europa como gran comunidad histórico-cultural, profundamente avanzada y democrática, está perdiendo credibilidad. No sin razón, es ya de dominio público que la UE es una alianza de intereses económicos más que ninguna otra cosa.

Y no sólo esto, es probable que se esté produciendo, como el diario El País titula en su editorial del 11 de Junio, una anténtica “Deriva antisocial” en nuestra vieja y civilizada Europa.

Un ejemplo de esta deriva es la directiva (acto normativo de la UE) que los ministros de Empleo y Asuntos Sociales han aprobado en Luxemburgo, a fin de extender hasta 60 horas (65 en ciertos casos) la jornada semanal de trabajo. Las típicas ocho horas fueron una conquista de la civilización occidental, que costó sangre, por cierto. Ahora, de un plumazo, dicho logro queda definitivamente abolido.

Otro ejemplo del deterioro social y civilizatorio, que ya hemos empezado a vivir los europeos, se evidencia en las facilidades legales que las empresas encuentran para mercadear con la mano de obra. Véanse las sentencias dictadas por el Tribunal de la Unión Europea en los casos Laval, Viking y Rüffert.

Echémosle, como ejemplo, un somero vistazo al caso Viking Line (sentencia de 11 de diciembre de 2007).

El Tribunal de la Unión Europea condena una acción sindical, llevada a cabo en Finlandia por un sindicato finlandés, el cual se oponía a que la armadora finlandesa, Viking Line, rematriculase un transbordador en Estonia, queriendo aplicar de este modo a la tripulación las condiciones salariales y laborales vigentes en Estonia, claramente inferiores las existentes en Finlandia…

Todo esto no es otra cosa que el secreto resurgir de la directiva Bolkstein (no aprobada por su visible e injusta crudeza). Con esto, el debilitamiento de la legalidad nacional a favor de los márgenes de beneficios de las empresas es ya un hecho. Se siembran así desigualdad e insolaridad entre ciudadanos y países de la Unión. Que es justamente lo contrario de lo que postula en el Tratado de Lisboa. Veámoslo:

Entre otras cosas el Tratado dice:

“La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos”…“La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales”

También …

“fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros”

Como se ve, entre el dicho y el hecho se abre un trecho vergonzoso. La Unión tiene prisa por hacerse con este “salvoconducto” (el Tratado de Lisboa), pues le permitirá una más rápida toma de decisiones en los asuntos que más le interesan: mayor competencia económica y más poder. Esta es en realidad la gran coordenada histórica, lo que se quiere hacer, aunque para ello se tengan que sacrificar algunas ideas y convertir a los individuos en meras mercancías. No suena nada bien.